Regulación inmigración en España

Análisis de la Regulación de la inmigración en España

En este artículo trataremos de explicar la regulación de la inmigración en España, explicando lo más importante de su legislación.

El Estado español, además de su normativa interna se basa en la normativa Europea y los convenios internacionales. 

España, tradicionalmente fue un país de emigración, por tanto, era de vital importancia producir una regulación de la inmigración.

El primer texto que crea el poder legislativo español, se remonta a inicios de los años 80, cuando se aprueba la Ley orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre los derechos y las libertades de los extranjeros, este texto fue criticado por varias asociaciones y entidades de apoyo a la inmigración por tener un tratamiento meramente policial. 

La Ley fue objeto de recurso de inconstitucionalidad, resuelto por la sentencia del Tribunal Constitucional 115/1987, de 7 de julio, que anuló varios preceptos de la norma y marcó un cambio de la doctrina constitucional en materia de extranjería hacia una línea más progresista. 

La Ley orgánica antes mencionada, se detalla en el real decreto 155/1996, de 2 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de ejecución de la Ley orgánica 7/1985. 

Entre los años 80 y 90, con la transformación del fenómeno migratorio y la ineficiencia de la Ley orgánica mencionada anteriormente, se procede a crear una modificación adaptada a las circunstancias de la situación de la inmigración. 

Por tanto, mediante el BOE núm. 10, de 12/01/2000, entra en vigor la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, de ahora en adelante Ley 4/2000. 

La Ley fue apoyada por todos los grupos parlamentarios que componían el congreso de diputados español, salvo el Partido Popular, que gobernaba en minoría, alegando que no se adecuaba a los acuerdos Schengen y que estas medidas legislativas podrían producir un “efecto llamada” y una entrada en gran masa de inmigrantes, delante de la cual, el Estado español no podía destinar una partida presupuestaria.  

Esta Ley supuso un cambio importante, al introducir políticas de integración, ampliar los derechos de los inmigrantes y establecer un principio general de igualdad con los españoles.  

La Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, ya ha sido modificada, desde su aprobación, en cuatro ocasiones, por la Ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre; Ley orgánica 11/2003, de 29 de septiembre; Ley orgánica 14/2003, de 20 de noviembre; y Ley orgánica 2/2009, de 11 de diciembre. 

La presente Ley de extranjería se detalla en el real decreto 557/2011 de 20 de abril, por el que se aprueba el reglamento de la Ley orgánica 4/2000, sobre los derechos y las libertades de los extranjeros en España y su integración social, por su reforma por la Ley orgánica 2/2009 (en su redacción dada por el real decreto 844/2013, de 31 de octubre), de ahora en adelante reglamento 557/2011. 

Esta Ley comprende setenta y un artículos estructurados en cinco títulos. El título preliminar contiene disposiciones generales y los demás hacen referencia, respectivamente, a los derechos y libertades de los extranjeros, su régimen jurídico, las infracciones en materia de extranjería y el procedimiento sancionador y la coordinación de los poderes públicos. 

El Estado español, ha aprobado una primera orden que se ha ido revisando, hasta llegar a la actual orden ESS / 1309/2017, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la vigilancia de la orden ESS / 1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. 

A partir del año 2008 y debido a la fuerte crisis que golpea el Estado español y con el fin de favorecer el retorno de los extranjeros, se aprueba el real decreto 1800/2008 de 3 de noviembre, por el que se desarrolla el real decreto-Ley 4/2008, de 19 de septiembre, sobre abono acumulado y de forma anticipada de la prestación contributiva por desempleo a trabajadores extranjeros no comunitarios que retornen voluntariamente a sus países de origen.  

Así mismo, ha promulgado la aprobación de varias órdenes ministeriales: 

Orden INT/3321/2011, de 21 de noviembre, sobre expedición de título de viaje a extranjeros. 

Orden pre/1803/2011, de 30 de junio, por la que se establece el importe de las tasas por tramitación de autorizaciones administrativas, solicitudes de visados en frontera y documentos de identidad en materia de inmigración y extranjería. 

Orden PRE/1283/2007, de 10 de mayo, por la que se establecen los términos y requisitos para la expedición de la carta de invitación de particulares a favor de extranjeros que pretendan acceder al territorio nacional por motivos de carácter turístico o privado. 

Orden PRE/1282/2007, de 10 de mayo, sobre medios económicos y cuya disposición habrán de acreditar los extranjeros para poder efectuar su entrada en España. (BOE 113, de 11 de mayo de 2007). 

Orden AEC/4004/2006, de 22 de diciembre por la que se establecen las cuantías de las tasas para la tramitación de visados. 

Por otra parte, cabe mencionar que la resolución del 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de Inmigración E Emigración, por la que se publica el acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2017, por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del programa “vacaciones en paz 2017” 

Regulación de la inmigración en España a nivel europeo

Directiva (UE) 2016/801 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de países terceros con fines de investigación, estudios, prácticas, voluntariado, programas de intercambio de alumnos o proyectos educativos y colocación au pair

Directiva 2014/66/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países en el marco de traslados intraempresariales. Do l 157 de 27/05/2014. 

Directiva 2014/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, sobre las condiciones de entrada y estancia de nacionales de terceros países para fines de empleo como trabajadores temporeros. (do l 94 de 28/03/2014) 

Directiva 2011/98/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro. (do l 343 de 23.12.2011). 

Directiva 2011/36/UE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la decisión marco 2002/629/jai del consejo. (do l 101 de 15.4.2011). 

Directiva 2009/52/CE  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009, por la que se establecen normas mínimas sobre las sanciones y medidas aplicables a los empleadores de nacionales de terceros países en situación irregular. (do l 168 de 30.6.2009). 

Directiva 2009/50/CE  del consejo, de 25 de mayo de 2009, relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado. (do l 155 de 18.6.2009). 

Directiva 2008/115/ce  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. (do l 348 de 24.12.2008). 

Directiva 2004/82/CE  del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas. (do l 261 de 6.8.2004). 

Directiva 2004/81/CE  del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes. (do l 261 de 6.8.2004). 

Directiva 2003/110/CE  del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, sobre la asistencia en casos de tránsito a efectos de repatriación o alejamiento por vía aérea. (do l 321 de 6.12.2003). 

Directiva 2003/109/CE  del consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (do l 16 de 23.1.2004). Modificada por  

Directiva 2011/51/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2011, por la que se modifica la directiva 2003/109/CE del Consejo con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional. (do l 132 de 19.5.2011). 

Directiva 2003/86/CE  del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar. (do l 251 de 3.10.2003). 

Directiva 2002/90/CE  del Consejo, de 28 de noviembre de 2002, destinada a definir la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. (do l 328 de 5.12.2002). 

Directiva 2001/40/CE  del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento mutuo de las decisiones en materia de expulsión de nacionales de terceros países. (do l 149 de 2.6.2001). 

Además de las directivas antes mencionadas, encontramos sus respectivos reglamentos que las detallan y que se pueden consultar en la página web de la Unión Europea: www.eur-lex.Europa.eu

A nivel internacional

El Estado español contrae varios acuerdos en materia de inmigración, los más destacables son los acuerdos firmados con el Reino de Marruecos: 

  • Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992 (BOE núm. 100, de 25 de abril). Entrada en vigor el 21 de octubre de 2012 (BOE núm. 299, de 13 de diciembre). 
  • Acuerdo en materia de permisos de residencia y trabajo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, firmado “ad referéndum” en Rabat el 6 de febrero de 1996. Aplicación provisional (BOE núm. 129, de 28 de mayo). Entrada en vigor el 7 de marzo de 1997 (BOE núm. 211, de 3 de septiembre). 
  • Acuerdo de adhesión del Reino de España al convenio de aplicación del acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985, entre los gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República federal de Alemania y de la República francesa, relativo a la supresión gradual de controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, al cual se adhirió la República Italiana por el acuerdo firmado en París el 27 de noviembre de 1990, hecho el 25 de junio de 1991 

En Europa, el Estado español se ha adherido a dos convenios con la República de Francia y el Principado de Andorra: 

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